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Un poco de historia Agua Potable Rural
La Evolución del Acceso al Agua Potable en el Chile Rural
El acceso al agua potable en las zonas rurales de Chile ha sido un desafío histórico que ha evolucionado a lo largo de las décadas. A mediados del siglo XX, la mayoría de la población rural carecía de este servicio básico, lo que afectaba significativamente su calidad de vida y salud.
Fue a partir de la década de 1950 que el Estado chileno comenzó a implementar políticas públicas para garantizar el acceso al agua potable en las zonas rurales. La creación del Programa Nacional de Agua Potable Rural marcó un hito importante, estableciendo metas ambiciosas para aumentar la cobertura en todo el territorio nacional. Sin embargo, fue con la promulgación de la Ley General de Servicios Sanitarios en 1988 que se sentaron las bases legales para una gestión más eficiente y sostenible de los servicios sanitarios, tanto en zonas urbanas como rurales.
La creación de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales (SSR) en 2020, en el marco de la Ley 20.998, representó un nuevo hito en la gestión del agua potable rural. Esta nueva entidad se encargó de supervisar y regular los servicios sanitarios en las zonas rurales, fortaleciendo el marco institucional y normativo.
A pesar de los avances logrados, persisten desafíos importantes en el acceso al agua potable en las zonas rurales. La escasez hídrica, el cambio climático y la dispersión geográfica de las comunidades son algunos de los factores que complican la tarea de garantizar un suministro continuo y de calidad. Además, la falta de recursos económicos y la necesidad de fortalecer las capacidades de gestión de los comités de agua potable rural son obstáculos que deben ser superados.
En los últimos años, se han implementado diversas iniciativas para mejorar la gestión del agua potable rural, como la participación de las comunidades en la toma de decisiones, la incorporación de nuevas tecnologías y la promoción de la eficiencia hídrica. Sin embargo, es necesario continuar trabajando para garantizar el acceso universal y equitativo al agua potable en todas las comunidades rurales, asegurando así un desarrollo sostenible y mejorando la calidad de vida de sus habitantes.

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