Este cuerpo legal tiene por objeto fundamental otorgar reconocimiento jurídico a organizaciones comunitarias, como expresión de su necesidades, reconociéndoles su naturaleza social y su carácter representativo, además, al otorgamiento de una serie de atribuciones propias y una vinculación directa con los organismos del Estado.  

La mencionada normativa, ampara a los comités de agua potable rural, otorgándoles autonomía en sus decisiones de acuerdo a las disposiciones establecidas en sus estatutos, decidiendo su administración y órganos internos de fiscalización, reconociéndole a sus socios sus respectivos derechos y obligaciones, la conformación de su patrimonio y los destinos de estos conforme la ley vigente.